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Amenazan de muerte al grupo Fuerza Regida si se presenta en Cancún, pero parece que ya se comunicaron con sus padrinos Los Chapitos y les dijeron que no hay problema, por lo que se presentaran (Información en el enlace)
También al ex inspector de la policía antinarcóticos Gonzalo Araya. En estos días participa del juicio oral contra Roberto Silva Cerpa, acusado de ser el financista de un tráfico de thirty kilos de cocaína desde Bolivia. Quezada reconoce que algunos de los clientes ABC1 le son derivados de los más prestigiosos estudios de abogados del país. Estudios que por un asunto de imagen no toman este tipo de casos, pero que actúan como intermediarios y cobran un porcentaje importante por representar clientes. Así y todo el penalista dice que en su especialidad no necesariamente se gana mucho dinero, no más que en otras áreas del derecho.
“La facultad de acceso reconocida por la ley tiene como finalidad facilitar la posibilidad de contrastar objetivamente la veracidad y consistencia de la información recibida y, en caso de desacuerdo, permite cuestionarla fundadamente ante la autoridad judicial.
En caso de duda sobre el concurso de dichos presupuestos, debería optarse por la admisión y la verificación del concurso del presupuesto troubleático en el juicio de fondo, tras la audiencia judicial del privado de libertad y el examen de sus alegaciones.
Si la persona ya fue juzgada en el país solicitado por el mismo delito, la solicitud de extradición puede ser rechazada.
Es importante destacar que, en estos casos, se debe garantizar que se respeten los derechos fundamentales de la persona y que no se le someta a tratos inhumanos o degradantes.
Variadas son las estrategias de defensa que un abogado de narcos está entrenado para esgrimir. Citemos algunas de ellas para ilustrar el trabajo de estos profesionales del derecho:
Los abogados especializados en extradiciones de Costa Rica a los Estados Unidos tienen una amplia experiencia en casos de extradición. Esto les permite entender los desafíos y complejidades de este proceso authorized y prepararse adecuadamente para defender los derechos del cliente.
La extradición de narcotraficantes buscados internacionalmente es una herramienta importante en la lucha contra el tráfico de drogas.
La caída del fugitivo que se enclaustró cuatro años en casa tras ser condenado por abusar de su primo menor y discapacitado
La esposa e hijos de la víctima salieron ilesos, pero Salvador Alejandro estaba gravemente herido por lo que pidieron ayuda de inmediato a los automovilistas que fueron testigos del ataque.
En un momento en el que las leyes sobre drogas son especialmente rigurosas, nuestro compromiso es proteger los derechos de nuestros clientes y ofrecerles un camino hacia la justicia. Contáctenos hoy para obtener asesoramiento legal confiable y dedicado.
Es al detenido, después de ser informado sobre las razones fácticas y jurídicas de la detención y antes de ser interrogado policialmente por primera vez, a quien corresponde instar el ejercicio de su derecho, solicitando justificadamente los elementos de las actuaciones a los que quiere acceder. Una vez solicitado, el acceso debe producirse de forma efectiva, mediante exhibición, entrega de copia click here o cualquier otro método que, garantizando la integridad de las actuaciones, permita al detenido conocer y comprobar por sí, o a través de su letrado, las bases objetivas de su privación de libertad. En caso de discrepancia con los agentes policiales sobre qué elementos de las actuaciones son esenciales en el caso concreto, podrá activar la garantía del Habeas Corpus para que la autoridad judicial dirima la controversia. En el presente supuesto los policías no informaron al solicitante de todos los indicios racionales por los que realizaron la detención, lo que no permitieron al detenido cuestionar fundadamente su privación de libertad (a pesar de que la detención fue practicada correctamente por los funcionarios policiales, cumpliendo los requisitos del artworkículo 492.
d. Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.
